Tesis
Diego Barreto
A continuación, se mostrará una reseña histórica de lo acontecido por el programa
en el periodo comprendido entre el año 2013 – 2014 en la ciudad de Bogotá:
En el 2013 se empezaron a evidenciar las falencias ente las cuales se destacan:
(Hamon, 2013), En una crónica realizada a dos recuperadoras ambientales de la
ciudad, estableció que el programa:
- No hay fuentes de información para los recicladores que desean vincularse.
- Las cooperativas de recicladores no cuentan con bodegas suficientes a donde
llevar el reciclaje. - Los recicladores no están afiliados a una administradora de riesgos profesionales
ARP, dejando a los trabajadores expuestos a accidentes y enfermedades laborales. - No existen medios adecuados que faciliten el transporte del material.
- No existen entidades públicas que compren el material ni un control de precios
al mismo.
Esta realidad contrasta con lo prometido por la administración pública entre otras
cosas de pagar setenta y tres pesos por kilo de material recuperado, generando una falta
de pertenencia con el proyecto Bogotá Basura Cero cuando ni siquiera las entidades
aplican esta tarifa, que de por si es una suma irrisoria.
Además, la administración distrital ha sido criticada por la implementación y puesta
en marcha del programa Bogotá Basura Cero, “Para poner en marcha el operador
público se han gastado 66.000 millones de pesos. Lo que ha generado un detrimento
patrimonial el cual tiene en tela de juicio la continuidad del alcalde mayor de Bogotá”.
(Castro, 2013). Generando sobrecostos al programa, dineros que salen de las arcas
públicas.
El procurador afirmó para la Emisora Kennedy (2014) que “Hubo despilfarro de
recursos en Bogotá”, existieron fallas en la planeación y ejecución del programa Basura
Cero, que existen procesos de investigación por la celebración indebida de contratos con
las entidades encargadas del programa.
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La concejal Nelly Patricia Mosquera del partido de la U, menciona para el diario
ADN el día 28 de mayo de 2013 que el programa de sustitución de vehículos de tracción
animal fracasa por falta de control y políticas públicas de emprendimiento, dice que este
programa fue financiado con recursos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos (UAESP), y gran parte de ellos con el fin de que incorporaran estos vehículos a
las rutas de reciclaje del esquema de la ciudad, lo que no se está cumpliendo, ya que no
existe nada que obligue a los recicladores a prestar el servicio o que los vincule a esta
entidad. (Mosquera, 2013).
Según Adriana Ruiz abogada y directora de la fundación CIVISOL, afirma que no
existen estudios pertinentes para aplicar nuevos modelos de aseo en la cuidad, que no hay
un sistema integral ni una ruta de reciclaje, que todo sigue como estaba antes, que cada
día son más los recicladores, a la fecha de esta entrevista llegan a 15 mil, los
intermediarios y los rehabilitadores siguen exactamente como estaban antes de la
implementación del programa, la materia prima sigue a precios muy bajos, no existe una
organización ni una logística para el reciclaje, con lo que se puede concluir que no existió
cambio alguno. (Urrea, 2013)