2016, Bogotá, CIVICUS – Semana Internacional de la Sociedad Civil
La sociedad civil colombiana contemporánea ha convivido con el miedo en su cotidianidad desde que nació. Década tras década de conflicto armado con variaciones y ramificaciones, han llevado al surgimiento generalizado, en los ciudadanos, de una actitud defensiva o discursivamente confrontacional contra cualquiera que sea la posición contraria a la suya en la derecha o en la izquierda del espectro político. Han transcurrido más de cincuenta años de resignación personal, normalización social e interiorización del conflicto armado en la agenda pública del país. Cada colombiano ha heredado, ha tomado o incluso ha sido obligado a tomar (vía reclutamiento ilícito) una posición dentro del conflicto colombiano. Todo esto explica porque la actitud y pensamiento civil de la sociedad colombiana, en general, está lejos de la neutralidad y generalmente refleja animadversión, una posición bastante ajena del temperamento amable y afable que caracteriza a los colombianos. Entre más de 40 millones, sólo unos cuantos miles, efectivamente han terminado armándose e integrando la violencia activa por razones de ambición, imposición o ideología; algunos también, por la simple necesidad de generación de ingresos, pues la labor de combate ilegal y faenas auxiliares a la tropa es una de las pocas fuentes de ocupación estable en la zona rural y selvática de Colombia.
Gracias a los esfuerzos de gobiernos pasados que oscilaron entre paz y hostilidad, acción y reacción, se pudo forjar un campo para la negociación como el que existe en la actualidad. El gobierno de Colombia y el grupo armado de las FARC avanzan desde hace tres años una agenda de negociación para terminar el conflicto armado. Este acuerdo llevaría a la disolución de este grupo armado ilegal ubicado en el extremo izquierdo del pensamiento político (guerrilla), tal y como lo hiciere el pasado gobierno con el grupo ilegal armado que estuviere ubicado en el extremo derecho del espectro político (paras/paramilitares). Recientemente se unió también al proceso de negociación de paz, el otro grupo guerrillero conocido como el ELN. De culminar con éxito estas negociaciones, la firma de un acuerdo de paz en Colombia podría cerrar el capítulo de los grupos ilegalmente armados[1] que se han amparado, legítima o ilegítimamente, en razones políticas para ejercer la violencia.
La posibilidad de negociar y firmar un acuerdo de paz entre viejos enemigos, tiene a diversos sectores del país, en la industria, el comercio, los medios de comunicación y en organizaciones de víctimas de la sociedad civil, debatiendo sobre la necesidad de alinearse con el proceso de paz o impedirlo. Unos creen que la reconciliación nacional es prioridad, otros, que negociar con guerrillas lleva a la desinstitucionalización del país. En cualquier caso, una cosa es cierta, y todas las partes lo reconocen así, el viejo conflicto armado no se termina sólo con el eventual acuerdo en La Habana. La convivencia pacífica no emanará del acuerdo automáticamente así éste se haya firmado y aprobado, ni tampoco por contar con el muy importante respaldo de una coalición de partidos políticos; el apalancamiento de la industria nacional; el apoyo estratégico de la ONU, la cooperación internacional o los buenos oficios del Papa, entre otras autoridades religiosas.
El conflicto colombiano terminará, y un acuerdo de paz resultará real y efectivo, cuando la convivencia pacífica entre colombianos empiece a anhelarse y los únicos conflictos que se admitan sean los argumentativos, ideológicos y de intensa confrontación política y se deje de justificar una violenta confrontación armada entre connacionales. El conflicto se acaba cuando la paz, como modo social de vida, sea interiorizado por una buena parte de la ciudadanía colombiana y se empiece a robustecer lo civil de la sociedad civil. Terminará cuando cada miembro de la sociedad civil colombiana empiece a forjar un nuevo relacionamiento y posicionamiento respecto del conflicto en el que nacieron y crecieron. Cuando se acepte la idea de que todos son miembros de una misma comunidad nacional; coexistiendo dentro de un mismo territorio; dependiendo de los mismos recursos compartidos; forjados por la misma historia; gobernados por un mismo marco normativo o Estado de Derecho, y que avanzan todos en el escenario global, como un único país, hacia un futuro conjunto. Y sobre todo, cuando se entienda que para todos estos hechos, no hay Plan B. El problema central entonces es ¿cómo podría promoverse un re-posicionamiento civil de la sociedad civil colombiana, la población nacional, si esta es vasta, plural, diversa y extensa a lo largo y ancho del territorio nacional?
El pueblo de un país, el conjunto de ciudadanos que es la nación que constituye un Estado, se hace más visible cuando se cristaliza en organizaciones, y se hace tangible -para efectos de diálogo e intercambios sostenidos en el tiempo- cuando las organizaciones se constituyen, además, como personas jurídicas o entidades. Entre las muchas organizaciones o personas jurídicas que se forman dentro de un país, a la par de las entidades oficiales y de negocios, están las civiles y dentro de ellas las descritas como sin ánimo de lucro o no gubernamentales. Personas jurídicas que los individuos crean como estructuras o vehículos para expresar los fines civiles, cívicos, solidarios y filantrópicos que los animan a intervenir en su entorno local inmediato, la sociedad de la que son parte o en la humanidad en general. La sociedad civil organizada que emerge de abajo hacia arriba y a lo largo y ancho de cada país se vale de una gran diversidad de formas jurídicas para actuar. En Colombia, el listado incluye[2] a las asociaciones mutuales, fundaciones, juntas de acción comunal, cooperativas, asociaciones de vecinos, veedurías, corporaciones sin ánimo de lucro, organizaciones de voluntariado, organizaciones populares de vivienda, cámaras de comerciantes, fondos de empleados, iglesias, clubes sociales, cajas de compensación familiar de trabajadores, asociaciones gremiales de industriales, sindicatos de trabajadores, empresas comunitarias, universidades y sociedades de mejoras públicas, entre muchas otras más. Estas entidades son los actores de la sociedad civil organizada y de la economía social y solidaria de un país, lo que también se conoce como el Tercer Sector de actividad en la sociedad, a la par del Estado y el Mercado. Sin importar en qué país surgen ni la forma jurídica que adoptan, todas las OSC -las Organizaciones de la Sociedad Civil- están determinadas desde su origen, fijado en sus estatutos de constitución a orientarse hacia los otros y hacia lo otro[3]. Según esta conceptualización, las llamadas Entidades Sin Ánimo de Lucro y/o No Gubernamentales se pueden comprender más fácilmente, de una manera sustantiva, como Entidades Con Ánimo de Alteridad; personas jurídicas con la habilidad intrínseca de operar cambios en la sociabilidad misma de la sociedad. Cuando estas son reales y legítimas, las organizaciones alter-intencionadas, reparan tejido social, promueven espacios de diálogo, acompañan proyectos de transición, cooperan, mutualizan riesgos y oportunidades, asocian trabajo y sueños de desarrollo y, en general, crean la sinergia necesaria para arraigar, también, la coexistencia civilizada que es la paz.
La tarea de lograr la convivencia pacífica en una comunidad, es decir, civilizar los conflictos para alejarse de la barbarie, no es un asunto más en la lista de tareas pendientes de la política o la economía de un país. Sacarse del conflicto histórico que atrapa a una comunidad nacional es, literalmente, tarea para la casa y la vida diaria de cada colombiano. Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil organizada y de economía social y solidaria establecidas en todo el territorio nacional, tienen un rol crucial en esta coyuntura. Las OSC nacionales pueden contribuir a re-cablear la vieja mentalidad de discordia ya arraigada en Colombia por una nueva mentalidad de concordia, un re-posicionamiento civil hacia la tolerancia entre los miembros de una misma nación. Ahora bien, ponerle fin al conflicto, aun desde la base misma del tejido social, no equivale a la paz. Ningún país en el mundo vive enteramente en paz porque todos son atravesados por constantes amenazas de delincuencia, brotes de racismo y xenofobia, crimen organizado trasnacional de armas y drogas, redes de trata de personas que se mueven a escala global para abastecer los mercados de explotación humana, cibercriminal, terrorismo, así como crisis ambientales y humanitarias. Sin embargo, acabar con un viejo conflicto entre connacionales, sí sirve para crear un ambiente propicio al desarrollo mismo de las comunidades y la deliberación democrática entre los ciudadanos. El fin del conflicto lograría también, liberar a los ciudadanos más vulnerables del país del conflicto armado del que son carne de cañón, así como recursos -tiempo, ideas y presupuesto- para atacar frontalmente la pobreza, la exclusión y la pobre distribución de la riqueza en Colombia y empezar a garantizar justicia y prosperidad para todos los habitantes del país y en todos los rincones del territorio.
Tal es la coyuntura y el momento histórico que convoca a la sociedad civil colombiana. El propósito de este evento es el de establecer una base conceptual y lenguaje común útil a la deliberación informada entre miembros de la sociedad civil sobre (i) los contenidos de las agendas de negociación de paz, (ii) la forma en que se desplegará la justicia de transición y (iii) el horizonte de paz territorial según la agenda gubernamental. En este último punto se presentarán también experiencias de actores comprometidos en la construcción de desarrollo comunitario y la convivencia pacífica en el territorio. El evento finaliza con el intercambio amplio y diverso entre el público que quiera contribuir enfoques, aproximaciones y estrategias que crean que sirvan para progresivamente “sacarnos del conflicto” en Colombia; de abajo hacia arriba.
La participación de los miembros de organizaciones de la sociedad civil internacional que quieran compartir ideas y experiencias a sus pares y colegas colombianos, es especialmente bienvenida.
[1] Sobre las guerillas M -19 y EPL ver http://bit.ly/1wjObbb y http://bit.ly/1qpWssg. Sobre los paras de las AUC http://bit.ly/1XkndZL
[2] Alteritas Lab, RRA Thinktank
[3] Desde el 2012 y la Ley Nacional 1607 de que modificó el Código Tributario de Colombia, la conceptualización de la alteridad como intención (Ruiz -Restrepo 2011) fue adoptada como definición alternativa o complementaria a la denominación negativa y residual de las entidades sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales para comprenderles bajo una identidad positiva, como entidades constituidas con ánimo de alteridad; orientadas hacia los otros y hacia lo otro. El sistema de pensamiento para la distinción sustantiva y la diferenciación conductual que es la base de la Teoría de la Alteridad, fue concebido por la necesidad de asegurar trato justo y equitativo a las personas jurídicas que conforman la sociedad civil organizada y la economía social y solidaria.
Adriana Ruiz-Restrepo para la CCONG y CIVISOL
Fuente: http://bit.ly/2g7FQkW