2020, Bogotá, La Silla Llena de La Silla Vacía
Sobre la aprobación de cadena perpetua para violadores de niños y niñas
El país constantemente se está quejando de que aquí -en Colombia- todas las acusaciones e investigaciones judiciales son producto de un complot político; que las condenas provienen de jueces comprados; que los casos son armados por abogados vendidos, y que las condenas vienen apuntaladas por falsos testigos. ¿Y, en medio de semejante podredumbre y desconfianza, es en donde se quiere introducir el castigo de cadena perpetua?
¿En serio?, ¿ Y, acaso cómo creen que se va a transitar hasta ese desenlace condenatorio o castigo a perpetuidad? Necesariamente habrá que recorrer toda la cadena, todo el proceso que justamente conducen y orientan aquellos policías, jueces, fiscales, abogados y testigos a los que la opinión parece haberles retirado la credibilidad y confianza pública.
No entiendo. No veo la lógica de acusar a la justicia de torcida y, simultáneamente, exigir que se eleve la cantidad de castigo que esta puede imponer.
Aunque, de hecho, me temo que, por lo elevado que es una sanción a perpetuidad, esta nunca se va verdaderamente a aplicar. La carga probatoria necesaria para legítimamente poder condenar sin asomo de duda a un ser humano a un encierro de por vida, es altísima. A menos, claro, que la sanción se haga aplicar, a punta de enardecido clamor moral y show mediático, así sea mal.
¿Acaso los 40 años de pena máxima no son casi de por vida? ¿ Y este intenso castigo que se avecina creen que va a detectar y alcanzar a todos violadores por igual? ¿Es decir, podrá alcanzar y castigar tanto a violadores que están en un contexto seguro y protegido por lo económicamente aventajado tanto como a los violadores de contextos desaventajados? ¿O sólo terminará el implacable castigo de los colombianos recayendo sobre quienes no saben ni cómo eludir la justicia, ni cuenta con recursos para escaparse o camuflarse?
La verdad yo preferiría que la sociedad civil le exigiera al Estado dar más equipos, técnicas y estrategias a los operadores judiciales para que salgan a perseguir a los cientos y miles de mujeres y hombres violadores de niños y niñas que sabemos hay en el país. Quedaría perfectamente satisfecha como ciudadana, si sacamos de circulación n sociedad a unos cuantos miles, con 30 a 40 años basta.
Dudo que, ensañándonos, con todo el peso de nuestra frustración colectiva en la crucifixión social e irredimible que es una condena a cadena perpetua sobre 2/3 criminales, se logre una disminución del delito. Mayor es el impacto que tendría arreciar en la persecución más que elevar la cantidad de condena.
Porque, difícilmente, un violador, en el momento preparatorio o anterior a la penetración de la víctima, detendrá su actuar al recordar que el Código Penal ahora elevó la cantidad de castigo. Nadie delinque calculando el castigo posible, sino los chances de que lo pillen.
Pero, aprovechando que estamos ya animados a intensificar reproches y elevar castigos: ¿para cuándo entonces, la máxima sanción de cadena perpetua para quien se apropia del tesoro común? ¿no?
¿Por qué? ¿Acaso resulta menos grave? ¿O, no será más bien, que, la corrupción es un delito menos miedoso, más difuso, menos próximo y bastante menos aterrador que el de la violación carnal? Porque, la corrupción, grave sí es, pero es que grave y aterrador no son sinónimos. Y esa es una distinción importante al momento de pensar lo que nos importa como sociedad civil.
Pensar acerca del diseño de las normas que queremos sirvan para orientar la conducta humana permitida, celebrada o castigada en el país es importante.
Así que cabe preguntarse, si ahora habrá castigo perpetuo para lo aterrador, entonces ¿aquello que es grave pero no aterra -como la corrupción- puede seguir cómo va? Esa es la pregunta que se abre con una sanción a perpetuidad que eleva la vara al máximo para castigar una conducta respecto de otras.
Asi que, por ahora, ya no queda sino esperar a que, el sumo castigo introducido en el país (la pena de muerte está prohibida), este tenga efectos sino represivos por lo menos disuasivos al interior de la sociedad colombiana. Aunque, visto el efecto disuasivo de las leyes anticorrupción y antinarcóticos, mejor no me hago muchas ilusiones.
Fuente: https://bit.ly/3zUFiHP