2003, Bogotá, El Espectador
Redacción Bogotá
Después de una larga batalla legal, los recicladores de la capital ganaron un recurso que obliga al Distrito y a la UESP a darles participación en la prestación de los servicios públicos de aseo en el Distrito.
Los recicladores, mirados con ojos de sospecha por los ciudadanos que los ven deambular con sus carretillas durante las frías madrugadas bogotanas, se convirtieron en héroes, cuando jugaron un papel decisivo en la solución de la emergencia sanitaria que vivió la capital en 1993. La EDIS, empresa que por esa época prestaba el servicio de aseo, dejo de recoger los residuos y las calles de la ciudad se convirtieron en peligrosos focos de plagas y enfermedades. Fue cuando los recicladores, convocados por la entonces directora del DAMA, Elizabeth de Rodado, se organizaron y respondieron a esas miradas de sospecha con un gesto de solidaridad que permitió recoger las basuras que ocupaban el espacio público y superar la emergencia, que puso en jaque al entonces alcalde mayor Jaime Castro.
Sin embargo, el Distrito no retribuyó ese gesto con la misma generosidad y los mantuvo al margen de los contratos de aseo durante una década.
A pesar de eso, la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, quiso competir en la licitación para la prestación del servicio de recolección y transporte de basuras, barrido, corte de césped y poda de árboles, en alguna de las 6 zonas en las que se divide Bogotá, y que la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, abrió el pasado diciembre, para adjudicar los contratos a partir de 2003 y durante siete años.
Sin embargo, el pliego fue tan exigente que, por más que pudieran demostrar experiencia en el manejo de basuras, era imposible disponer de los estados financieros y de los recursos técnicos para ser competitivos frente a los demás aspirantes. Por eso los representantes de la Asociación de Recicladores, Nohora Padilla Herrera y Silvio Ruiz Grisales, interpusieron una acción de tutela contra el Distrito Capital y la UESP, ante el juzgado 43 Penal Municipal de Bogotá, invocando la violación de su derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la subsistencia y a la actuación de buena fe.
Según los recicladores, el pliego de condiciones de dicha licitación establecía requisitos de experiencia, capital, conocimiento y manejo de tiempo que “prácticamente solo los actuales operadores podrían cumplir”, y no contemplaba acciones que permitieran su participación. La tutela fue negada en primera instancia, con el argumento de que el Estatuto General de Contratación Pública obliga a que todos los proponentes que participen en una licitación deben ser tratados de manera imparcial.
La decisión fue impugnada y el recurso fue presentado en segunda instancia ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, que también la negó, sobre la base de que el proceso de licitación cumplía con los requisitos de la Ley 80 de Contratación, que obliga a garantizar que quien sea seleccionado para prestar el servicio cumpla con los requisitos financieros, técnicos y jurídicos que garanticen eficiencia y seguridad.
Sin embargo, las 25 cooperativas agrupadas en la ARB, con la ayuda de tres abogados que los acompañaron en el proceso, -entre ellos Adriana Ruiz y Néstor Raúl Correa- y un grupo de ciudadanos, lograron que la Corte Constitucional revisara la decisión, por petición del magistrado Manuel José Cepeda y de la Defensoría del Pueblo. La Corte encontró que los derechos fundamentales de los recicladores si fueron vulnerados y revocó los folios de ambos juzgados
Según la sentencia del Alto Tribunal, la UESP y el Distrito no tuvieron en cuenta que la Constitución los obliga a tomar medidas efectivas a favor de grupos marginados o discriminados, “a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado”.
La decisión de la Corte por el momento no tendrá una consecuencia inmediata, puesto que la licitación ya fue adjudicada y en ese caso se considera “Hecho superado”. Sin embargo, previene al Distrito y a la UESP para que en futuras ocasiones incluya a los recicladores con los contratos de servicios de aseo.
La oportunidad de ver los efectos de la decisión será cuando la UESP defina los lineamientos y estrategias que regirán en la creación y entrada en funcionamiento de cuatro centros de reciclaje que operaran próximamente en la capital, para procesar los desechos reutilizables, y que deberán dar cabida a muchos de los 80.000 recicladores que encuentran su sustento en las basuras de los bogotanos.
La ARB agrupa a 25 cooperativas de recicladores que trabajan en las calles de la capital.