2009, Bogotá, Rafael Orduz para El Espectador
LA NOTICIA REFRESCA POR PARTIDA doble. Por un lado, porque muestra que iniciativas ciudadanas en favor de la inclusión social pueden prosperar. Por otro, porque deja la esperanza de que los recicladores, humildes empresarios que seleccionan residuos para su reincorporación en procesos productivos, tengan que ser tenidos en cuenta en futuras decisiones públicas.
Aunque a finales del mes pasado hubo breves reseñas en algunos medios de comunicación, fue gracias a que The Economist (junio 13-2009) le dedicó un artículo al tema, que hubo resonancia nacional.
Adriana Ruiz, abogada caleña de la Universidad de los Andes graduada en el 95, Lina Arbeláez y otros colegas suyos se inventaron Civisol, una fundación que, como dice en su sitio web, busca el “empoderamiento político y jurídico que logre influenciar el mundo en el que se quiera vivir”. Acompañaron a recicladores y sus familias, que por décadas han trabajado en el botadero de basuras Navarro, en Cali, en proceso ante la Corte Constitucional.
La magistrada encargada Clara Elena Reales, de la Sala II de Revisión de Tutelas, preparó la ponencia para la sentencia T-291 de la Corte. Obliga al Estado no sólo a suspender el proceso de licitación que había puesto en marcha la Superintendencia de Servicios Públicos en Cali para la operación y explotación de servicios de recolección de basuras, sino a incorporar a los recicladores en los programas futuros en calidad de empresarios.
El tema despierta enorme interés dentro y fuera de Colombia. La razón no es sólo la admiración por el éxito de Civisol y los recicladores caleños, sino la búsqueda de soluciones para un problema que los mejores años de crecimiento económico mundial no resolvieron: la persistente pobreza de millones excluidos.
En Colombia el tema da vergüenza. Según Fedesarrollo (El Espectador, junio 22-2009), en la peor recesión de la historia, en 1999, el 60% de la fuerza de trabajo era informal. En 2007, “cuando se presentó el mayor crecimiento en décadas”, fue de 58%.
En el tema del manejo integral de residuos sólidos la tendencia que se perfiló desde mediados de los noventa fue la de otorgárselo a consorcios privados dejando de lado opciones que favorecieran la creación de empleo y la inclusión social.
La sentencia de la CC es una oportunidad para articular a miles de recicladores en todo el país a los procesos de manejo integral de residuos sólidos y golpear un poco las tenebrosas cifras de Fedesarrollo.
Bogotá debe convocar a licitación en 2009. La administración tiene la oportunidad de elaborar un modelo participativo y eficaz que incorpore a miles de recicladores, que son el eslabón más débil de una cadena que, de todas maneras, aprovecha su productivo trabajo a precios ínfimos. Pero para ello debe empeñarse a fondo en el conocimiento del problema. Según el investigador Federico Parra (U. Nacional, IEPRI, Programa de Doctorado, 2008) “el Distrito carece de información profunda y actualizada de la realidad de la producción de residuos en la ciudad”.
Fuente: https://bit.ly/2Ug4k10