2010, Bogotá, Redacción Periódico El Tiempo
Entidades que deben cumplir con sentencia de Corte Constitucional dicen que han cumplido con el fallo. Quienes se dedican a ese oficio aseguran que no es así.
El cumplimiento de la sentencia T-291 de la Corte Constitucional que protege los derechos de los recicladores sigue generando roces entre las partes que deben garantizarlos.
Ayer, representantes de distintas grupos de recicladores, funcionarios de la Alcaldía, la CVC, la liquidada Emsirva, la Superservicios y Civisol, entre otras organizaciones, se reunieron por una convocatoria de la Defensoría del Pueblo para evaluar si se ha hecho lo dispuesto por la Corte.
El defensor Andrés Santamaría dijo que con base en lo expuesto ayer, presentará un informe a la Corte, que servirá de elemento probatorio en su decisión del cumplimiento o no de lo que ordenó. Y sugirió rectivar el trabajo del Comité de Inclusión. Adriana Ruiz-Restrepo, representante de Civisol, que lideró la defensa en el proceso que terminó en el histórico fallo a favor de los recicladores, volvió a cuestionar la falta de compromiso de las instituciones y se quejó de que casi un año después de la decisión de la Corte, aún se esté discutiendo qué debe hacerse. Dijo que el año pasado se habían acordado los términos de la política pública de inclusión y que la Alcaldía los cambió de forma inconsulta.
Añadió que el 23 de noviembre era el plazo para formularla, pero no se hizo.
A su turno, Nora Padilla, representante de la Asociación Nacional de Recicladores, señaló que a pesar de que las instituciones no han cumplido, seguirán exigiendo que lo hagan. Criticó la licitación de la zona 1, que incluyó un grupo reducido de recicladores, creando más división entre ellos, y sugirió apoyarse en el Ministerio Público para establecer un nuevo cronograma de las acciones que les restablezcan sus derechos.
A los recicladores les dijo que también tienen obligaciones: “De entendernos y capacitarnos”. Por la Alcaldía intervino Johnanio Marulanda, jefe de Planeación, y aseguró que han invertido 13.500 millones en el tema del cumplimiento de la sentencia.
Acciones dispersas
Una de las conclusiones a las que se llegó ayer es que las entidades han llevado a cabo acciones dispersas a favor de los recicladores, cuando la Corte ordenó que se articulen y se conviertan en política pública de inclusión.
Y aunque la Alcaldía defiende su política pública sobre el tema, grupo de recicladores, no la reconocen.
Fuente: https://bit.ly/3iaGwWC