2011, Bogotá, La Silla Vacía – Rircardo Herrera
Desde la liquidación de la Edis (Empresa Distrital de Servicios Públicos), el servicio de aseo en Bogotá solo es noticia cada vez que se cumple el plazo para contratar de nuevo el servicio. Pocas veces la atención se centra en los beneficios o deficiencias reales del servicio, o en los intereses involucrados, a pesar de que se trata de una contratación billonaria que por ende muve muchos intereses económicos. Durante las últimas semanas la licitación de aseo de Bogotá estuvo de nuevo en los medios. Esta es toda la historia.
Antecedentes de la contratación
El proceso de desaparición de la Edis comenzó en la alcaldía de Andrés Pastrana, continuó en la de Jaime Castro Castro y concluyó en 1996, en la de Antanas Mockus. Desde entonces, el servicio de aseo en Bogotá es prestado por empresas de servicio público de carácter privado bajo la modalidad de contrato que incluyen exclusividad, que en la actualidad son las siguientes: Ciudad Limpia, Lime, Aseo Capital y Atesa.
Durante la administración de Enrique Peñalosa, se incorporó la obligación a cargo de los concesionarios de cortar el césped de las zonas verdes de uso público como parte del concepto de limpieza pública (Ley 632 de 2000). La administración de Antanas Mockus se ocupó de adelantar los estudios, trámites pertinentes ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y la licitación para contratar el servicio bajo la modalidad de áreas de servicio exclusivo (ASE) por el lapso de 7 años con la eventual posibilidad de prorrogarlo por un año más. Este proceso se cumplió acorde a lo previsto en tiempo y a la ley.
La prórroga en el gobierno de Moreno
La contratación se debía desarrollar y ejecutar durante el lapso que faltaba para que el período de Mockus culminara, durante todo el período de Luis Eduardo Garzón y parte del período del alcalde que lo sucediera, es decir el hoy detenido Samuel Moreno. Correspondía a la administración de este último adelantar oportunamente los estudios y trámites para una nueva contratación de ASE. Pero esto no se hizo de manera oportuna; la administración Moreno optó en cambio por pedir a la CRA autorización para prorrogar por el año anunciado los contratos adjudicados durante la administración de Antanas Mockus.
Esta prórroga implicó, la aplicación por un año más de un régimen tarifario más costoso para los usuarios, en la medida que gracias a los contratos aplicaba la resolución CRA 151 de 2001 y no la regulación tarifaria que la CRA expidiera en el año 2005 en reemplazo de aquella (Ver Estudio de regulación tarifaria).
Por su parte, el Concejo de Bogotá le ha hecho “el quite” a peticiones de adelantar un debate de fondo serio sobre el tema. Un debate oportuno de pronto habría evitado la controversia que hoy por vía de tutelas se debate en los altos tribunales de justicia.
La licitación
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) abrió en mayo de 2011 (a siete meses del vencimiento de la administración Moreno) la licitación pública No. 001 de 2011. Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivo fueron innumerables y repetitivas; la Uaesp evadió las respuestas o dio respuestas vagas en varios casos. El mayor número de observaciones presentadas se centró en aspectos tarifarios y en tratar de entender lo que nunca se pudo explicar con claridad por parte de la Uaesp: la manera que la población recicladora se integraba en la prestación del servicio. (Ver histórico de cambios del proceso).
La inclusión de los recicladores y la nulidad de la corte
Lo más preocupante de la licitación fue la confusa incorporación que hiciera la UAESP en el pliego de condiciones de las exigencias para concretar las acciones afirmativas en favor de la población recicladora en estado de vulnerabilidad, atendiendo las exigencias que el Juez de tutela señalara desde 2003. Previsiones que están hoy bajo la lupa de la Corte Constitucional con ocasión del incidente de desacato que presentara Nohra Padilla, líder de la Asociación de recilcadores de Bogotá.
La Uaesp consideró que tal inclusión se cumplía con dar el mayor puntaje a los proponentes que ofrecieran la mayor participación en la empresa prestadora para los recicladores y a quienes emplearan la mayor mano de obra de esta población. Las propuestas irresponsables no se hicieron esperar y las hubo hasta el punto que plantearon participaciones inverosímiles del orden del 70% de las utilidades y de emplear hasta casi el 100% de sus puestos de trabajo con recicladores (Ver Acta de cierre).
Esta situación sugiere dos posibilidades: el negocio del aseo es tan bueno que alcanza para regalar tales porcentajes de utilidades y entonces en ese evento la CRA debe intervenir y declarar el grave error de cálculo de sus propias tarifas como lo demanda la ley; o los contratos van a pérdida y los recicladores no recibirán nada, que es aún peor. Ambos escenarios son nefastos, contrarios a la ley y van en detrimento de los usuarios.
Los recicladores no creyeron en las promesas de los aspirantes a contratistas. La mayoría de los proponentes como la abogada de los recicladores, Adriana Ruiz, y Nohra Padilla, líder de la Asociación de recicladores de Bogotá, manifestaron su escepticismo desde el inicio del proceso. Los recicladores pidieron entonces la intervención de Corte Constitucional a través de una acción de de tutela.
Como fue difundido por los medios, el 19 de agosto, la Corte Constitucional ordenó suspender la licitación tras considerar que en los los términos existentes “aun no se solventa el interrogante en torno a la población realmente favorecida por las medidas adoptadas”.
Hace unas semanas, el director de la Uaesp, Juan Carlos Junca, dijo que la recolección de basuras está en riesgo y que urge un nuevo pronunciamiento de la Corte respecto de la licitación. Junca intentó renunciar pero la alcaldesa encargada, Clara López, no aceptó su renuncia. Algunos consideran que la Uaesp simplemente tiene afán en hacer pronto la adjudicación. El pasado 26 de noviembre la alcaldesa (e) Clara Lopez anunció una tutela que el distrito interpondría a la Corte a través de la Uaesp por la demora en el fallo sobre la licitación.
Al electo alcalde Petro y a su equipo le espera asumir este pendiente.
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Nota de la editora: Ricardo Felipe Herrera, autor de esta historia, fue apoderado de uno de los participantes durante el proceso de licitación.
Fuente: https://bit.ly/2XLHCjc