2009, Bogotá, Redacción Periódico El Tiempo
Aunque en septiembre se dio un gran paso para la definición de la política pública de inclusión de los recicladores, en las últimas semanas volvió a ponerse tenso el ambiente entre algunos de los mimiembros del comité creado por orden de la Corte Constitucional para concertarla.
Ese mes, Civisol dictó un taller. convocado por la Alcaldía y al que asistieron las distintas entidades involucradas en el tema, para diseñar la política de inclusión y plantear los compromisos.
Pero según Adriana Ruiz-Restrepo, representante de Civisol y que participa como veedora del Comité por petición de la Corte, la Alcaldía está desconociendo los acuerdos de la reunión y está presentando un borrador de política pública con aspectos que nunca se discutieron.
Para ella, el documento no es válido, porque la Alcaldía incumplió al no pasar los borradores para pulir entre todos el contenido antes de que se cumpliera el plazo de la Corte (el 23 de noviembre). Asegura, por ejemplo, que el documento dice que uno de los objetivos de la política pública es fortalecer a Girasol, cuando de eso no se habló en el Comité, no menciona recursos y disminuye de cuatro a dos los centros de acopio.
Otro punto que distancia hoy a Ruiz de la Administración es el tema de la licitación. Para ella, la Alcaldía está utilizando políticamente la sentencia de la Corte, y a los recicladores, para darles la pelea a la Superintendencia de Servicios y al Gobierno Nacional por haber liquidado a Emsirva.
Si a ellos no les gustaba la intervención o la liquidación, en vez de salir a hacer manifestaciones o salir todos los días a confundir a la opinión, lo que debieron hacer es contratar a un grupo de personas para que ir al Consejo de Estado y tumbar el acto de intervención o de liquidación. Esto es un fallo de pobreza, de recicladores, no política, dice.
Ella cree que la licitación de la Zona Uno sí cumple con lo prometido por la Superservicios en el Comité: crear una ruta selectiva del reciclaje, no incluirla en la licitación y entregársela a los recicladores.
Leonardo Castro / EL TIEMPO
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