2021, Bogotá, Concejo de Bogotá

Domingo 24 de octubre de 2021 a las 921 am se da inicio de manera oficial a la sesión plenaria.

Transcripción de la Intervención de la Doctora Adriana Ruiz Restrepo, (para escuchar las demás intervenciones acceder al link de la fuente).

Bueno pues mil gracias por la invitación al Concejo de Bogotá, a la concejal Susana Muhamad y a todos ustedes con ocasión de este encuentro sobre la emergencia climática, he tenido inmensas dificultades técnicas, tenía preparada una presentación mucho más completa pero pues ahorita traté de hacer algo para poder tratar de explicar el punto al que quiero hacer alusión aprovechando que tengo la atención de ustedes en el Concejo de Bogotá.

Pues además de felicitarlos por el acuerdo, por celebrar este año de balance y después de haber escuchado a la Secretaria de Ambiente, yo quisiera manifestarles que tengo una inmensa preocupación y es que no hay, me da la impresión, al leer el POT que ordena el territorio de Bogotá, y al ordenar el territorio de Bogotá está ordenando el suelo de Bogotá y del suelo de Bogotá depende la atmosfera de Bogotá y su contribución a la mitigación del calentamiento global, pues lo que veo es que hay una mal comprensión sobre dos aspectos fundamentales del medio ambiente, y en el medio ambiente incluyo el componente atmosférico del clima. Hay un problema y es que veo que inclusive en el Acuerdo 190 no se entiende que hay unas funciones que conciernen al medio ambiente que no son competencia ni de la Secretaría de Ambiente ni del Ministerio del Medio Ambiente. Cuando el Ministerio de Ambiente es escindido en el año 2011, el viceministerio de agua y de saneamiento pasa al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y sin embargo, lo que veo tanto en el POT como en un considerando del acuerdo, es que pareciera que Medio Ambiente y Economía Circular se olvida del factor residual que compete a toda la institucionalidad de la Ley 142 de servicios públicos.

La Corte Constitucional ha dicho con inmensa claridad en la Constitución, en el artículo 49, en el 79, el saneamiento básico ambiental es un servicio público, y el Concejo de Bogotá tiene que velar por ese servicio público de saneamiento o aseo básico ambiental de residuos que no es competencia ni del Ministerio del Medio Ambiente ni de la Secretaría de Ambiente sino de Hábitat y Vivienda, ciudad y territorio. Esto ¿por qué es importante? Porque algo tan importante como el POT, como ordenar el POT, se ve que la primacía, todo el manejo de residuos es para la Economía Circular, y resulta que la Economía Circular es una lógica industrial, la Economía Circular es muy importante para el medio ambiente, para el calentamiento global, pero es una lógica de reciclar un objeto, un envase, un empaque, un objeto; la lógica de una entidad territorial como el Distrito Capital es una lógica sanitaria, de saneamiento. Entonces veo que hay una confusión que en mi criterio no es una confusión menor, tiene visos de inconstitucionalidad porque el tratamiento que se le está dando a los residuos sintéticos es un tratamiento comercial de Economía Circular y no un tratamiento sanitario de protección a la salud del medio ambiente, y esto no es de esta administración, esto viene desde la licitación de Enrique Peñaloza y el Decreto Nacional 596 del 2016, que permitió que haya una economía libre de basuras y una competencia por las basuras, es decir, por la corriente blanca de los bogotanos, que en todo caso se sigue pagando por factura y que no tiene ni contratación, ni ruta, ni interventoría contractual, ni supervisión, ni vigilancia, y esto, además, lo tengo por escrito, porque parte de la investigación que hemos hecho es ver eso.

Entonces los bogotanos estamos pagando un servicio público que es mitad servicio público para la bolsa negra y la otra bolsa, la bolsa blanca, no tiene contratado un operador, no hubo licitación, no hay inspección, vigilancia, control, no sabemos el tratamiento sanitario de los residuos sintéticos de la bolsa blanca, están completamente liberados a la economía circular que es una economía de libre mercado y que me preocupa tremendamente porque toda la instalación, el equipamiento y la infraestructura no tiene sentido que esté en el POT si va a ser para negocios privados, es decir, la infraestructura pública que se concesiona con las instalaciones públicas, con el costeo del recaudo público, tiene sentido si hay una lógica de generación, de evacuación y determinación del riesgo cimentario.

Pero si la corriente de bolsa blanca está a las fuerzas del mercado de la libre competencia, pues los tres instrumentos de planeación urbana que son el ordenamiento territorial o POT, el PMIRS que es la infraestructura del sistema de gestión de residuos sólidos y el PGIRS que es la gestión contractual y el pago tarifario, estos tres instrumentos de política urbana están descoordinados, y además empiezan a perder sentido en la medida en que la bolsa blanca, en donde todos estamos haciendo separación a la fuente, está liberada al mercado y está desregulada, y esto ya se veía desde hace tiempo, pero en el POT, por ejemplo, y mirado a la luz del Acuerdo 190, preocupa inmensamente que la finalidad inherente al Estado y que además lo obliga la Constitución, es una finalidad inherente sanitaria y de salud pública, máxime en pandemia, no figura como la finalidad del sistema de residuos.

La nueva finalidad del sistema de residuos es la Economía Circular de la industria, entonces a mí sí me preocupa mucho, y aprovecho este espacio para pedirle a la administración y a los Concejales, que miren si vamos a derogar la Constitución, y entonces ya la colecta de residuos, la factura de servicios públicos de residuos, es solamente para la lechuga y para los sobrados del arroz que van el relleno, y todo lo demás que es lo lucrativo, la valorización de las basuras, pues deja de ser servicio público, pero igual se cobra por factura. Y me preocupa muchísimo realmente, de cara al calentamiento global, que no haya trazabilidad, yo creo que uno de los problemas graves del medio ambiente y del calentamiento climático es que yo como ciudadana no sé qué pasa con mi reciclaje, yo no sé dónde está mi reciclaje en este momento, no tengo ningún incentivo, solamente tengo la obligación de pagar una factura y de separarle al proceso de optimización industrial de Economía Circular, el envase, el empaque, pero yo personalmente no sé cuánto está contribuyendo mi ciudad a la mitigación del calentamiento global, ni siquiera sé a dónde va mi reciclaje, ¿por qué? Porque desde Samuel Moreno se introdujo el concepto de bodegas privadas no afecta al servicio público, entonces, además van a cobrar un incentivo de aprovechamiento y yo no tengo trazabilidad de la bolsa negra que va al relleno, yo puedo ir, puedo ver la estación de transferencia, en Bogotá no hay, en Cali si hay, yo puedo ver el relleno, yo sé dónde cargan y descargan, yo no tengo ni idea qué pasa con el reciclaje, entonces yo creo que pensar que estamos contribuyendo al calentamiento global y que queremos solucionar esta emergencia climática, pasa por cumplir la Constitución y entender que todos los residuos están sujetos al manejo de la Ley 142. La lógica es una lógica que tiene mil años, desde el medioevo la lógica es que las basuras las evacua, las transporta y termina el riesgo sanitario, y la Ley 142 no aparece por ningún lado, ahorita, mejor dicho, parece que el servicio público de saneamiento básico ambiental no existiera más, ahora todo es Economía Circular industrial.

Entonces si queremos contribuir a la mitigación del calentamiento global pues tenemos que empezar a entender que el sistema de saneamiento ambiental, el aseo de los residuos, está previsto por la Ley 142, y que la corriente blanca de residuos tiene que ser concesionada, contratada, tarifada, con interventoría, con inspección, con concesión a las instalaciones, y no puede ser un muladar el ordenamiento territorial, no puede ser que solo sea servicio público con trazabilidad la bolsa negra y eventualmente la bolsa verde, y la bolsa blanca sencillamente yo la separo y la dejo a las fuerzas del mercado en mi andén o en mi shut de basura, o entonces no pagamos factura de aseo, pero no podemos pagar factura para un servicio público que a mitad es negocio privado, que uno no sabe.

Yo tuve la oportunidad de estar en el empalme de la UAES, no hay claridad de cuántas bodegas hay en Bogotá ni quiénes son los dueños, y además viene un problema aún más grave y es que la operación de la corriente blanca del torrente de residuos sólidos urbanos de Bogotá se tiene que contratar, porque si no, no me pueden cobrar, y si no, ¿ cómo le están pagando también a los recicladores si no tienen contrato?. Entonces desapareció la concesión de aseo, desapareció la Ley 142, y ahora so pretexto del calentamiento global pues estamos en un manejo asistémico y desintegrado de residuos sólidos, porque por eso se llama gestión integral, porque es de todos los residuos.

Un fallo reciente del Concejo de Estado dijo que es de todos los residuos porque afecta la salud de todos los bogotanos y por supuesto afecta el calentamiento global.

Yo quisiera solo para ilustrarles mostrarles la presentación que volví a armar rápidamente para que ustedes puedan tener claridad. (Proyecta la presentación, ver en el link de la fuente).

La entidad territorial del distrito capital es de un perímetro cierto, y de este perímetro depende no solamente el suelo y la superficie, sino el clima y la atmosfera. Como es un conglomerado de viviendas que ustedes ven ahí como triangulitos amarillos, ese conglomerado de viviendas es un conglomerado de desperdicios, de desechos y de riesgos a la salud, materia urinaria, fecal, residual que son residuos líquidos y residuos sólidos. Todos los días se generan millones de toneladas de residuos, eso requiere un sistema, por eso se llama sistema integral de aseo. Es una cadena de prestación, no es una cadena de valor, porque lo que uno paga como usuario es una factura, está pagando una cadena de prestación de un servicio público, la cadena de valor es un concepto industrial de la Economía Circular de la industria. Lo que tiene que hacer el Estado es asegurar, y con esto termino, es la generación en la fuente de cada vivienda se paga con un costo que se evacúa por toda la ciudad hasta un punto donde se da terminación al riesgo sanitario, eso se llama End of Waste, siempre se hacía en botaderos, en vaciaderos, después en el relleno sanitario, ahora hay otras tecnologías; pero lo que uno paga por factura es que se evacúe y se termine el riesgo a la salud, y se está invirtiendo la lógica de generación, evacuación y terminación de riesgo a la salud por una lógica de una cadena de valor industrial de extracción de materia prima, así está a lo largo del POT y contradice lo que está en este acuerdo 790 de preocupación sanitaria.

Y por último, esto no lo voy a desarrollar porque ya no hay tiempo, pero si les quiero mostrar que la Economía Circular que es el aprovechamiento que se puede hacer de toda la masa orgánica o sintética, no tiene por qué desbaratar la Ley 142, los Concejales están obligados a respetar la Constitución y la Ley 142 antes que las agendas de desarrollo sostenible y las agendas que son aspiracionales, la agenda es aspiracional, la Constitución y la Ley hay que cumplirla, y está a cargo del Estado la prestación de todo el sistema de saneamiento básico ambiental que implica el cuidado al medio ambiente y a la atmosfera. Cuando todos los bogotanos sepamos cuánto se recicla en plástico, cuánto se recicla en metal, vamos a poder no solamente pagar la factura con felicidad sino controlar cuánto provecho sale de nuestros sintéticos y cuánto está mitigándose el calentamiento global con la contribución de Bogotá.

Esta imagen que les quería mostrar es que la Economía Circular, Basura Cero y toda la innovación en el aprovechamiento, no afecta la Ley 142 ni el sistema sanitario, sencillamente son dos bolsas que tienen que generarse, tienen que evacuarse y tienen que terminarse por igual, ¿qué significa? Que con el siglo XXI aparece tecnología, y con esta ya termino presidente y Concejales, lo único que va a pasar es que sale el mismo torrente de residuos urbanos, se paga también por factura, sale por una bolsa o dos o tres, y tiene un momento de disposición antefinal de una planta de aprovechamiento, de estaciones de clasificación; pero eso es parte de la instalación de la infraestructura del servicio público de aseo y no puede ahora someterse a la lógica privada de la Economía Circular de la industria. Entonces lo que necesita, y le quisiera pedir el favor al Concejo como ciudadana y agradeciendo su invitación, es que vuelvan a tener un sistema integral y no solamente un sistema parcial de residuos, el sistema antefinal de aprovechamiento y tratamiento viene un minuto antes de la disposición final, y ¿cuál es la diferencia de la acción afirmativa? Y yo quiero recordarle al Concejo que está bajo un exhorto de la Corte Constitucional. Les quiero recordar que toda la ruta de corriente blanca quedó para la Economía Solidaria, para el trabajo decente y los trabajos verdes de los recicladores, y eso es fundamental darle transparencia a la ciudadanía y esto es a partir de la inclusión en la Ley 142 que es el sistema de saneamiento ambiental, del cual depende no solamente nuestra salud pública y sanidad, sino también la mitigación del calentamiento global a partir de la ciudad de Bogotá. De lo contrario, terminaremos así, con millones de bodegas, sin sistema, una ruta que sí es cierta, trazable y que pagamos y seguimos pagando servicios que no sabemos a dónde van y que no sabemos cómo mejoran el calentamiento global. ¿Cómo reducen la pobreza a través de la Economía Solidaria de los recicladores? y eso es algo que les agradezco muchísimo haberme permitido compartir y espero que sea de utilidad, si tienen dudas o preguntas estoy a su disposición, mil gracias.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vZEO5N4X11A